Contratación directa para abastecimiento de penales se ajusta a ley
junio 2, 2009
Tras remarcar que conoce a fondo los problemas más álgidos del sistema penitenciario, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, aclaró que la exoneración del proceso de selección para la adquisición de alimentos para los Establecimientos Penitenciarios de Lurigancho, Cachiche (Ica) y Cañete, se realizó conforme a ley.
“Estos procesos se hicieron de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento –cuya entrada en vigencia se adelantó para el 1 de febrero pasado– y se ha notificado a la Fiscalía de Prevención del Delito”, afirmó esta mañana durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
Fernández explicó que los procesos de adquisición de alimentos son ejecutados directamente por cada Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y pueden ser convocados para uno o más penales, sin que ello implique la participación directa del Ministerio de Justicia.
Detalló que, en los casos de los penales mencionados, los procesos en curso fueron dejados sin efecto y convocados nuevamente, debido a que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 autorizó la transferencia de la recursos provenientes de la llamada Reserva de Contingencia para incrementar el valor de la ración diaria por interno, de 3.50 a 4.50 nuevos soles. La medida era necesaria por el incremento en 1 nuevo sol del valor referencial de dicha ración.
La ministra explicó que, luego de una situación de desabastecimiento inminente, se procedió a la contratación directa con los mismos proveedores para garantizar la continuidad del servicio. Esto, señaló Fernández, lo dispone la ley. “Yo camino los penales, como de la paila y sé cuales son las deficiencias y bondades del trabajo”, enfatizó.
Fernández añadió que, un cambio de proveedor por un período corto, podría poner en riesgo la alimentación de los internos y remarcó que las empresas en cuestión están habilitadas para contratar con el Estado, pues sólo existía un cuestionamiento previamente solucionado por Consucode.
Fernández informó que, pese a que el INPE es un Organismo Público con independencia administrativa al MinJus, ha dispuesto una profunda investigación a la gestión realizada durante los 17 meses que lleva al frente del sector.
“Queremos colaborar con esta comisión y con la fiscalización”, concluyó. Los congresistas destacaron la actitud de Fernández y calificaron su presencia como un “gesto democrático”.
