ministra de Justicia pide reiniciar el diálogo y elaborar Plan de Desarrollo de la Amazonía

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre garantiza la propiedad privada y los derechos de las comunidades amazónicas, por lo que considera que los nativos fueron desinformados por ciertos dirigentes con el objetivo de utilizarlos políticamente.

Explicó que uno de los artículos del DL. 1090 garantiza el reconocimiento del Artículo 89º de la Constitución, que señala que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas y, por lo tanto, reconoce plenamente sus derechos.

“A nivel constitucional, se garantiza la autonomía en la organización y el trabajo comunal de las comunidades, su derecho al uso y libre disposición de tierras y su respectiva propiedad. Se reconoce que el Estado respeta su identidad cultural”, aclaró Fernández.

Señaló que es falso que se pretenda despojar de sus tierras a las comunidades que no cuentan con título de propiedad e informó que en la actualidad existen 1675 comunidades nativas tituladas y solo faltan 275. Agregó que dicho proceso se acelerará a través de Cofopri.

La ministra Fernández sostuvo que no es verdad que no se haya cumplido con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dispone una consulta previa en casos en los que se afecte la propiedad de las comunidades.

“Si no hay afectación, no hay necesidad de consulta. Suponiendo que la hubiera, es claro que el Estado Peruano no tiene reglamentado el tema de consulta pero es autónomo y soberano para encontrar mecanismos respecto a ello”, indicó.

Agregó que ello ocurrió tras los reclamos que generó la aprobación del DL 1090, por lo que se conformó una comisión en el Congreso, presidida por la parlamentaria Gloria Ramos, que emitió un informe que se publicó en la Página Web del Congreso, desde julio del año 2008, hasta enero pasado.

“No queremos un aprovechamiento indebido de esas muertes, todas las víctimas son ciudadanos peruanos y merecen la misma atención, sería mezquino utilizarlas para enarbolar banderas de odio político, sin ver el panorama que tengamos al frente, esa gente necesita ser integrada al desarrollo con respeto de sus derechos y costumbres”, enfatizó.

Por ello, la voluntad del gobierno es reconstruir los mecanismos de diálogo y para tal fin ha constituido una Comisión Ad Hoc integrada por ella, la ministra de Comercio Mercedes Flores Aráoz y el canciller José García Belaunde, la cual ha convocado a personas e instituciones de prestigio, especializadas y en contacto directo con las comunidades, para conocer las verdaderas razones de sus reclamos.

“El 1090 es un mascarón de proa para otras cosas. Creo que los nativos no están identificados con los reclamos de Alberto Pizango y los congresistas; hemos asistido a un discurso confrontacional de ‘derogatoria o muerte’ y tenemos a Pizango en un refugio dorado y a sus hermanos a los que llevó a esto detenidos. Por eso esta comisión escuchará todos los aspectos de su vida, que va mas allá del 1090 para formular un Plan de desarrollo sostenible de la Amazonía”, añadió.

Sobre la presunta responsabilidad de las congresistas nacionalistas Juana Huancahuari y Yaneth Cajahuanca, por ayudar a Pizango a ocultarse, la ministra dijo que ellas podrían ser investigadas si el Ministerio Público lo considera conveniente, pues la denuncia presentada por las procuradurías del Estado incluye a todos los que resulten responsables.