Se debe lograr norma de consenso, sostiene ministra de Justicia

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, destacó el acuerdo logrado para que el Congreso suspenda por 90 días la vigencia de la Ley 29317 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), que modificó el Decreto Legislativo 1090, ya que permitirá elaborar un nuevo texto consensuado que recoja las demandas de las comunidades amazónicas.

Fernández informó que entre los puntos dialogantes, por el lado del gobierno, se encuentran la implementación de un Régimen de Titulación Especial para las comunidades nativas que todavía no cuentan con un título que reconozca su propiedad, así como un catastro de tierras.

Fernández es parte de una Comisión Ad Hoc de Ministros creada para implementar un Plan de Desarrollo Sostenible de la Amazonía. Este Grupo Especial de Trabajo, conformado además por los ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, buscará determinar las verdaderas necesidades de los nativos a través del diálogo directo. Esta Comisión viajaría a la zona en los próximos días con el objetivo de conseguir un Plan dialogado y consensuado.

Sostuvo que aunque el Convenio 169 de la OIT (que determina que cualquier norma que afecte a las comunidades deberá ser llevada a consulta) no está reglamentado en nuestro país, podría quedar establecido, ya sea de manera general o específica para cada caso. Así, no descartó que esto sea parte del acuerdo con las comunidades y se incluya en el nuevo texto de la norma.

“Estamos viviendo momentos difíciles, pero la obligación de las autoridades es recuperar el diálogo. Tenemos que tener una vocación de mayor convocatoria y dar espacio a la conciliación, sin diferencias políticas, todas las alternativas tienen que ser consideradas para sumar esfuerzos. Por eso llamé a Lourdes Flores para concretar la reunión de ayer”, señaló.

En ese sentido, destacó la respuesta positiva que ha recibido el gobierno por parte de los verdaderos representantes de las comunidades nativas, por lo que reconoció que el gobierno se equivocó al dialogar con Alberto Pizango, pues carece de representatividad y, finalmente, al defender intereses particulares, pateó el tablero y atizó el conflicto.

“No puede quedar duda que el gobierno tuvo una verdadera vocación de diálogo, a pesar de 59 días de haber sido criticados”, añadió Fernández quien dijo que Alberto Pizango ha demostrado que no representa a los amazónicos. “Los dirigentes que hemos contactado no tienen nada que ver con los pedidos personales de Pizango y algunos congresistas. Quizá allí estuvo el error, no fue de mala fe pero no se estaba hablando con la persona adecuada. En varias ocasiones pateó el tablero pero estamos a tiempo de solucionar las cosas”, añadió.

Respecto a la orden de detención dictada contra Pizango, Fernández aclaró que la titularidad de acción la tienen los fiscales y no la ministra de Justicia, por lo que quienes señalan que fue ella quine la solicitó lo hacen por ignorancia.