Interceptaciones al presidente García en manos del Poder Judicial

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, dijo sobre las interceptaciones telefónicas de las que fue víctima el presidente Alan García el año 2000, que pondrán a prueba la eficiencia del Poder Judicial.

“La intimidad es un derecho fundamental, así como el derecho a las comunicaciones personales. Esta es una ocasión en que la justicia va a poner a prueba nuevamente su eficacia castigando a los responsables con una sanción ejemplar para que sirva como antecedente y evitar que se repitan estas prácticas”, señaló la ministra en conferencia de prensa, tras haber participado en la sesión semanal del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno.

Según la denuncia propalada por un medio de comunicación escrita, señala que la empresa Business Track, investigada por espionaje telefónico a diferentes personajes, sería la responsable de esta mala práctica, y que en los equipos de cómputos incautados se hallaron además audios y correos electrónicos con comunicaciones del presidente García y su familia.

“Ya existe un proceso abierto, sin embargo, cuando un proceso penal se abre, pueden ocurrir situaciones como estas, en las cuales aparecen investigaciones adicionales”, refirió.

Fernández agregó que este tema no fue tratado en el Consejo de Ministros, porque se avocaron a otros temas como el desarrollo de la calidad educativa, la asistencia integral de salud, la descentralización, las reformas en materia judicial, entre otros. “También hemos discutido temas de coyuntura, pero con un temperamento no solamente de atender lo que ha ocurrido, sino básicamente de construir lo que viene hacia delante”, añadió.

En otro momento, consultada sobre la propuesta presentada ante el Congreso por parte del premier Yehude Simon para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064, Fernández dijo que ahora el tema en mano de los congresistas.

Finalmente, fue requerida sobre si procede tramitar ante Nicaragua un pedido de extradición contra el ex presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, quien esta tarde abandonó el Perú, al concedérsele asilo político.

“Cualquier pedido de extradición le corresponderá al Poder Judicial, formularlo y decidirlo. Además sobre los procesos que se le siguen tanto en Lima como en Bagua estos continuarán y avanzarán hasta el momento en que los jueces y los miembros del Ministerio Público estimen que pueden avanzar sin la presencia de él”, concluyó.