Esta no será la primera vez que ambos mandatarios conversen, pues ya tuvieron un primer encuentro informal, a iniciativa de Obama, en la V Cumbre de las Américas que se realizó en abril del año pasado.

Cabe señalar que el canciller peruano, José A. García Belaunde, cumple una agenda de trabajo de dos días en la ciudad de Washington. Hoy precisamente acudió a la Casa Blanca.

Ambos mandatarios asistirán a la cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE), del 18 y 19 de mayo próximos.

UN TEMA PENDIENTE
García Belaunde no descartó que uno de los temas a tratar sea la posibilidad de retomar el mecanismo 2+2, entre los ministros de Relaciones Exteriores y de defensa de ambos países.

“Podría incluirse el tema del mecanismo 2+2 (…) es un mecanismo de fomento a la confianza, y eso obviamente no se da de la noche a la mañana (…) requiere de una serie de medidas que darán resultado en el transcurso del tiempo”, indicó.

García Belaunde sí descarto que los presidentes vayan a dialogar sobre la demanda de límite marítimo presentada por Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“El tema de La Haya está en la Corte de La Haya”, se limitó a comentar luego de participar en la firma de convenios bilaterales con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en el Palacio de Torre Tagle.

“El sistema interamericano de derechos humanos, viene ganando adeptos, después de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sesiona un país, comova a suceder a partir de hoy en Perú”, dijo el presidente de estaq entidad, Diego García Sayán en ruda de prensa.

El titular de la CorteIDH atribuyó este resultado al hecho de que ‘los abogados utilizan estos recursos’, pero también porque ‘los jueces los incorporan en sus procesos de decisiones’.

García Sayán explicó que la corte viene desde hace 4 años desarrollando audiencias públicas fuera de su sede en Costa Rica, para que ‘la sociedad en general y la comunidad jurídica en particular puedan participar en la fase oral de los procesos judiciales que se ventilan en la corte’.

Detalló que en esas sesiones ‘se examinan testigos, peritos y se recogen versiones de las presuntas víctimas en los casos’.

La primera de las audiencias se realizará mañana con el caso Ibsen Cárdenas contra Bolivia, sobre la desaparición forzosa de Reiner Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen entre 1971 y 1973, en los años de la dictadura militar liderada por Hugo Banzer.

El segundo caso, que se verá el miércoles, analizará la responsabilidad del Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de las tierras de la comunidad indígena Xákmok Kásek, así como otros de sus derechos fundamentales.

El próximo jueves, se verá el caso de Fernández Ortega contra México, y en el que se acusa a miembros del Ejército de este país de violaciones y torturas a la indígena Me’phaa Inés Fernández Ortega.

García Sayán aclaró que ‘estas audiencias no son para que la corte haga investigaciones o informes sobre la realidad de cada país visitado’.

El acceso a estas audiencias ‘permite que las sociedades nacionales vayan conociendo mejor cuál es el trabajo de la corte y vamos viendo que esta dinámica va teniendo un enorme impacto’.

Consultado sobre los procesos abiertos contra el Estado peruano, García Sayán, ex ministro peruano durante los Gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006), precisó que han sido un total de 26 juicios en una variedad de temas.

Varios de los casos dictaminados en los últimos años han tenido que ver con los procesos presentados por abusos a los derechos humanos durante la época de la violencia terrorista (1980-2000).

Sobre estos procesos, García Sayán indicó que ‘el proceso de cumplimiento de las sentencias es, a veces, complicado porque muchas veces esto entraña el desembolso de sumas de dinero que no están siempre previstos en las asignaciones presupuestales’.

No obstante, el presidente de la CorteIDH afirmó que ‘más del 80 por ciento de las decisiones de la corte sobre reparaciones económicas han sido ya cumplidas y pagadas por los Estados’.

Mientras García Sayán ofrecía la rueda de prensa en el local de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Asociación de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos y Víctimas de Genocidio realizaba un plantón en los exteriores para pedir el cumplimiento de una sentencia de la corte a favor de las víctimas de la matanza de presos acusados de terrorismo en el penal Canto Grande en 1992.

García Sayán y los magistrados de la Corte Interamericana acudieron hoy a una reunión con la defensora del Pueblo de Perú, Beatriz Merino, para la firma de un convenio de cooperación para promover la cultura de los derechos humanos en Perú, y otro acuerdo con la Federación Iberoamericana de Ombusdman (FIO), que Merino preside, para concretar la cooperación interinstitucional.

Horas antes, los magistrados de la CorteIDH visitaron el Tribunal Constitucional y a primera hora tuvieron un desayuno de trabajo con el presidente peruano, Alan García.

“La intimidad es un derecho fundamental, así como el derecho a las comunicaciones personales. Esta es una ocasión en que la justicia va a poner a prueba nuevamente su eficacia castigando a los responsables con una sanción ejemplar para que sirva como antecedente y evitar que se repitan estas prácticas”, señaló la ministra en conferencia de prensa, tras haber participado en la sesión semanal del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno.

Según la denuncia propalada por un medio de comunicación escrita, señala que la empresa Business Track, investigada por espionaje telefónico a diferentes personajes, sería la responsable de esta mala práctica, y que en los equipos de cómputos incautados se hallaron además audios y correos electrónicos con comunicaciones del presidente García y su familia.

“Ya existe un proceso abierto, sin embargo, cuando un proceso penal se abre, pueden ocurrir situaciones como estas, en las cuales aparecen investigaciones adicionales”, refirió.

Fernández agregó que este tema no fue tratado en el Consejo de Ministros, porque se avocaron a otros temas como el desarrollo de la calidad educativa, la asistencia integral de salud, la descentralización, las reformas en materia judicial, entre otros. “También hemos discutido temas de coyuntura, pero con un temperamento no solamente de atender lo que ha ocurrido, sino básicamente de construir lo que viene hacia delante”, añadió.

En otro momento, consultada sobre la propuesta presentada ante el Congreso por parte del premier Yehude Simon para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064, Fernández dijo que ahora el tema en mano de los congresistas.

Finalmente, fue requerida sobre si procede tramitar ante Nicaragua un pedido de extradición contra el ex presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, quien esta tarde abandonó el Perú, al concedérsele asilo político.

“Cualquier pedido de extradición le corresponderá al Poder Judicial, formularlo y decidirlo. Además sobre los procesos que se le siguen tanto en Lima como en Bagua estos continuarán y avanzarán hasta el momento en que los jueces y los miembros del Ministerio Público estimen que pueden avanzar sin la presencia de él”, concluyó.

“En dos meses, desde mi última visita, se ha avanzado enormemente en la construcción del patio de contenedores y en la construcción del muelle. Apenas faltan 30 metros más para alcanzar los 650 metros de la plataforma, la cual debe estar terminado en mes y medio, y como lo había ofrecido la empresa concesionaria, vamos a tener este gran terminal un año antes de lo previsto por la velocidad del trabajo en las obras”, señaló el presidente García.

Por su parte, el Ministro Enrique Cornejo informó que en la actualidad la construcción de la línea de atraque (área donde atracaran los barcos) ha alcanzado los 287 metros y llegará a tener una longitud de 650 metros.

El mandatario también informó que existen 1500 personas trabajando en la construcción del Muelle Sur, al cual calificó como uno de trabajos fundamentales que se está realizando por el desarrollo del país.

Durante la inspección, el Presidente García sostuvo que el Muelle Sur se complementará con el Muelle 5 por lo que es necesaria la construcción de la avenida Gambeta. En ese sentido, indicó, se está coordinando con Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional del Callao para poner en marcha la construcción de los 25 km. de dicha avenida, a fin de permitir la salida fluida de las mercaderías del Callao.

La ceremonia de juramentación del nuevo titular de Vivienda se desarrolló en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, escenario habitual para estas ceremonias protocolares.

Cabe señalar que antes de ser designado como nuevo integrante del Gabinete Ministerial, Francis Allison se desempeñó como alcalde del distrito de Magdalena del Mar.

El nuevo ministro de Vivienda nació en Lima, estudio Derecho y cuenta con maestría en Derecho Penal.

Tras una exitosa labor profesional en el sector privado, asumió la alcaldía de Magdalena del Mar en el año 2003. Su gestión en ese periodo se caracterizó por devolverle al distrito un lugar de liderazgo dentro de la urbe metropolitana.

Dentro de las obras realizadas en favor del distrito destaca la construcción de los malecones Grau y Castagnola, los miradores de la Virgen y Medalla Milagrosa, la edificación de los bulevares José Gálvez y Sagrado Corazón de María y la promoción de campañas y servicios gratuitos de salud, para mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito en mención.

Destacó, la actitud heroica de la profesora Carmen Felipe Soto, quien por burlar un piquete sutepista, opositor a la implementación de la CPM, en un colegio de Huacho se fracturó la clavícula y aún así rindió su prueba.

El ministro, acompañado del Presidente Alan García, supervisó la aplicación de la prueba, en el Colegio Liceo Naval “Almirante Guise”, donde señaló que a través de la CPM, los docentes serán reconocidos en función de sus méritos, desempeño, cualidades profesionales y esfuerzo personal.

Dijo, que el desarrollo magisterial, hoy por hoy, es un objetivo nacional, donde el progreso personal, profesional, económico y social del magisterio y la revalorización de sus remuneraciones, no serán más el resultado de decisiones unilaterales, sino fruto del justo y oportuno reconocimiento social a la idoneidad, calificación, desempeño, rendimiento y méritos de los propios maestros.

En ese sentido, Chan Escobedo renovó su compromiso de continuar en la construcción de una educación pública de calidad, seria y actualizada, que –dijo – permita a nuestros niños y jóvenes concretar su derecho a recibir una educación de calidad, a fin de participar en la construcción de una comunidad en un país justo, solidario, respetado y respetable.

Indicó, que con la implementación de la CPM, el Gobierno del Presidente Alan García cumple con lo señalado en Pacto Social de Compromisos Recíprocos aprobado por el Acuerdo Nacional, “de aplicar una política de remuneraciones que conjugan el derecho de los profesores a una remuneración y trato justo con el derecho de los estudiantes a contar con docentes preparados y comprometidos con su aprendizaje”.

También, recordó que la Décimo Segunda Política de Estado del Acuerdo Nacional dispone promover el fortalecimiento y la revaloración de la CPM, que garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello.

Todo esto se viene cumpliendo, por eso lo de hoy es un paso histórico en la implementación de la CPM, insistió el ministro, quien acompañado del viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, supervisó la aplicación de la mencionada prueba.

La CPM, proclamada a nivel constitucional desde 1920, actualmente está contenida en la Ley del Profesorado, que en las últimas dos décadas vive desconectada de un verdadero sistema de remuneraciones y de otros procesos esenciales y de alta importancia estratégica como: las evaluaciones y los ascensos.

La congelación de las evaluaciones ha originado que hoy los maestros al servicio del Estado se encuentren estacionarios en una pirámide muy aplanada e irregular de remuneraciones, que ya no funciona como escalera de ascenso.

Fuente: MINEDU

El presidente de la República, Alan García Pérez, promulgó hoy en Palacio de Gobierno la Ley aprobada por el Congreso que autoriza, a partir del próximo 1 de julio, el arresto ciudadano en casos de flagrante delito a nivel nacional.

La norma modifica el artículo 260ª del Código Procesal Penal, referido al arresto ciudadano. “Toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva”, señala la Ley promulgada por el jefe de Estado.

Acota que en dicho caso se debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la policía más cercana.

“Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial”, señala la Ley en su modificado artículo 260ª.

Acota que la policía redactará un acta donde se hará constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.

DETENCIÓN POLICIAL SIN MANDATOJUDICIAL
La norma también modifica el artículo 259º del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto legislativo Nº 957, el cual señala que la Policía Nacional detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito.

Precisa que existe flagrancia “cuando la realización de un hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo”.

Si se tratara de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, puede ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad, acota la Ley en su modificado artículo 259º.

VIGENCIA A NIVEL NACIONAL
Los modificados artículos 259ª y 260ª entran en vigencia en todo el país el próximo miércoles 1 de julio, señala la norma.

La Ley promulgada hoy por el jefe de Estado será publicada mañana martes en la edición de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

El jefe de Estado, Alan García, se reunió hoy en Palacio de Gobierno con el presidente del Grupo Mota Engil de Portugal, Antonio Mota. En la cita, que se realizó a las 09:00 horas, participaron representantes de la empresa Translei S.A; así como el embajador de Portugal, Nuno Antonio Ribeiro De Bessa Lopes.

El Grupo Mota y la empresa Translei S.A. integran el consorcio Terminales Portuarios Euroandinos, que se adjudicó la buena pro en la concesión del Terminal Portuario de Paita.

Al término de la cita, Antonio Mota expresó el compromiso de su empresa para modernizar el puerto de Paita y destacó la estabilidad y el crecimiento económico del Perú.

“Tenemos mucha confianza en la economía peruana, es bueno estar en un país donde existe confianza en el futuro, y no viceversa, como en Europa, además, el Perú tiene actualmente el crecimiento más alto de América Latina”, declaró.

Informó que en los once años de presencia en el país, han invertido más de 100 millones de dólares en sectores como la construcción y la minería.

Dijo que a la inversión que realizarán en el puerto de Paita se sumarán otras en el futuro pues tienen el compromiso de acompañar el desarrollo del país.

En el caso del puerto de Paita, el consorcio ganador está comprometido a construir, durante la primera etapa, un nuevo muelle de contenedores, doce hectáreas de patio de contenedores y un dragado de 13 metros de profundidad.

Asimismo, está comprometido a adquirir una grúa pórtico de muelle y dos grúas pórtico de patio.